El decreto N°921 dispone que las obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica declaradas prioritarias (según la Resolución ME N° 715/2025) se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública previsto en la Ley N° 17.520, mediante licitación pública nacional e internacional y sin aporte directo de recursos públicos.
El objetivo central es impulsar inversiones privadas para construir, operar y mantener nuevas obras de transmisión eléctrica, en el marco de la emergencia del sector energético vigente hasta julio de 2026, garantizando confiabilidad, expansión del SADI y equilibrio económico-financiero de los contratos.
Se delegan amplias facultades en la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo la aprobación de pliegos, la convocatoria y conducción de las licitaciones, la evaluación y adjudicación de ofertas y la firma de los contratos de concesión. El Ministerio de Economía actuará como Autoridad de Aplicación, con funciones de supervisión y control.